Seguridad

Ametic y Adigital cargan contra la adaptación ‘con trampa’ del GDPR en España

8 puntos clave para comprender el GDPR

En la adaptación de la Ley de Protección de Datos española al GDPR, los partidos políticos han aprovechado para tratar de regular los “derechos digitales”. Ametic y Adigital alertan de esta trampa, potencialmente ilegal, y la necesidad de un debate social en torno al tema.

El pasado 25 de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, más conocido por sus siglas en inglés: GDPR. Una normativa ambiciosa para salvaguardar nuestra privacidad online y dar a los ciudadanos un mayor control sobre su información personal. Hasta aquí (y con la excepción de que la mayor parte de las empresas todavía no cumple con dicha norma) todo bien. El problema viene a la hora de traer el GDPR al ordenamiento jurídico español.

Según denuncian la patronal Ametic y la asociación Adigital, los distintos grupos parlamentarios han consensuado incluir en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, vía enmiendas, un título sobre derechos digitales. Ambas entidades consideran que la inclusión por esta vía trunca el necesario debate público en torno al tema.

Ametic y Adigital aclaran que “la industria tecnológica que representamos no se opone en modo alguno a abordar los derechos y libertades en el mundo digital”. Sin embargo, y ante un asunto de tal trascendencia, se entiende que precisa de una reflexión sosegada y profunda en la que tenga cabida la opinión de la sociedad civil, los órganos consultivos del Estado, la academia y la de los sectores interesados.

El milmillonario negocio que se ha creado en torno al GDPR

Una trampa en toda regla que consiste en aprovechar una mera adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de Protección de Datos para promulgar una Ley sobre “una materia tan importante y que está generando un intenso debate en todo el mundo”. Y lo que es más: no sólo es una trampa, sino que podría ser completamente ilegal. 

Y es que, según la Comunicación COM (2018) 43 final de la Comisión Europea, “al adaptar su legislación nacional, los Estados miembros deben tener en cuenta que cualquier medida nacional que pueda obstaculizar la aplicabilidad directa del Reglamento y poner en peligro su aplicación simultánea y uniforme en el conjunto de la UE es contraria a los Tratados.

En opinión de Ametic y Adigital, “abrir el debate de los derechos digitales durante la tramitación de esta norma va más allá del objeto establecido por dicho Reglamento (…) Debemos recordar que los derechos que se abordan en esta propuesta de Ley ya se encuentran defendidos y garantizados en la normativa europea y nacional y que ya son de aplicación en el ámbito digital”.

Por otro lado, las enmiendas introducidas en dicho Título incluyen diversos conceptos jurídicos indeterminados y no definidos que originan una situación de notable inseguridad jurídica, como ejemplo “Era Digital”, el empleo indistinto de “Internet” y la “Red”. Asimismo, se hace referencia de manera poco precisa y homogénea a conceptos que no son del todo equivalentes como “proveedores de servicios”, “servicios de Internet”, “operadores, plataformas y proveedores de servicios y contenidos”, “responsables de redes sociales, redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes de la sociedad de la información” sin que estos conceptos deriven directamente tampoco necesariamente de otras leyes especiales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico o la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, o de Directivas europeas en la materia.

Asimismo, diversos de los artículos incorporados se solapan con el Reglamento de Protección de Datos o con derechos regulados en la legislación española, como ejemplo el derecho de rectificación y el derecho al olvido, y que, por tanto, ya son de aplicación en el ámbito digital. Todo ello podría dar lugar a confusión en la aplicación de estos derechos, y se corre el riesgo de llegar a una fragmentación de la regulación de protección de datos en la Unión Europea, diametralmente opuesto a la intención del Reglamento.

Sobre el autor de este artículo

Alberto Iglesias Fraga

Periodista especializado en tecnología e innovación que ha dejado su impronta en medios como TICbeat, La Razón, El Mundo, ComputerWorld, CIO España, Business Insider, Kelisto, Todrone, Movilonia, iPhonizate o el blog Think Big, entre otros. También ha sido consultor de comunicación en Indie PR. Ganador del XVI Premio Accenture de Periodismo, ganador del Premio Día de Internet 2018 a mejor marca personal en RRSS y finalista en los European Digital Mindset Awards 2016, 2017 y 2018.